Asociación de transexuales, indignada con el acuerdo entre la Junta andaluza y el colegio transfóbico de Málaga

En un comunicado, la Asociación de Transexuales de Andalucía asegura que "continuamos desprotegidos por la falta de coherencia de nuestros gobernantes" y muestra su indignación y sorpresa ante la resolución que solo apercibe al centro religioso.

En una nota enviada a los medios, Mar Cambrollé, presidenta de la asociación, declara que "entendemos que las manifestaciones públicas que en su día dieron tanto la Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía como la Delegada y el propio Consejero de Educación en referencia a este tema, donde expresaron que protegían y garantizaban la no vulneración del derecho de los/las menores a su integridad, dignidad y libre desarrollo de su personalidad y que estas pautas se ajustaban a Derecho, advirtiendo además que no se iba a permitir en nuestra comunidad tales hechos, entran en contradicción con el 'acuerdo” adoptado por la Comisión", en relación a la resolución de la comisión reunida ayer para evaluar el trato a una alumna transexual

Para esta organización "se está dejando a estos menores en una situación de desprotección y vulneración de derechos, siendo lo peor de todo que, se está dando pie a que estas prácticas se reproduzcan en otros colegios sin tener consecuencias". Asimismo, consideran que desde el Gobierno andaluz "se legitima la vulneración de estos Derechos, garantizados por el Estatuto de Autonomía, con toda impunidad y su beneplácito".

"Con dinero público no se puede fomentar y apoyar la discriminación, con unas prácticas que nos retroceden a los peores momentos del nacional catolicismo, dejando a uno de los colectivos más vulnerables desamparado del derecho que nos garantiza la Constitución y el Estatuto de Autonomía a toda la ciudadanía", declara Cambrollé, quien añade que "un Estado democrático y aconfesional tiene la obligación de que la educación sea pública, de calidad y respete la diversidad".

Esta asociación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, entidades sociales, políticas y sindicales para "exigir el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, hacemos pública una campaña en las redes sociales para que, ciudadanos y representantes políticos pidan que 'Con mi dinero, yo no apoyo la discriminación'".

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