Exilio reproductivo

Es probable que, en más de una ocasión, se haya escuchado hablar de "turismo reproductivo", una variante del mal llamado "turismo sanitario". Como si las personas organizasen ciertos viajes por placer y, de paso, se entretuviesen gestionándose un hijo. Pues no. No es así. La gente no se desplaza por divertimento, si no para buscar una solución a un problema de fertilidad que su país les niega.

Migrar en busca de salud, reproductiva o de otra índole, es algo consustancial al ser humano. Los humanos no nos caracterizamos por resignarnos ante la adversidad; al contrario, estamos dispuestos a emprender cuantas acciones consideremos precisas para cambiar nuestra suerte y mejorarla, acudiendo a allí donde se estime que existe esa mejora.

Pese a los escasos datos, se sabe que hace más de 7000 años, en el neolítico, ya se practicaba la trepanación del cráneo y no es difícil imaginar a los pobladores de la época peregrinando, en busca del mejor mago o chamán de las tierras conocidas, para solicitar ayuda frente a la herida o la enfermedad.

Sin ir tan lejos en el tiempo, el Hospital al-Mansurí, fundado en 1284 en El Cairo, fue un lugar modélico al que, según todas las referencias, acudían miles de personas, de los cuatro puntos cardinales, esperando encontrar solución a sus dolencias.

Mas cercano aún, en España, muchos recordamos las campañas en medios de comunicación solicitando ayuda para un viaje, con frecuencia a EE. UU. (Houston era un destino mítico hace pocos años), a fin de lograr un tratamiento concreto para un cáncer, una leucemia, ciertas enfermedades inmunes, etc., etc. Calificar estas historias, con frecuencia trágicas, de turismo sanitario no es más que una banalización del dolor humano.

No es turismo. Es necesidad. Y el nombre correcto es "desplazamiento sanitario" o "desplazamiento por razón de salud", entendiendo como tal un fenómeno global que consiste en el viaje a otra ciudad o país para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica que no se logra en el lugar habitual de residencia. Cuando este tipo de desplazamiento tiene como finalidad la reproducción, estaríamos en presencia de un "desplazamiento reproductivo".

Aunque el término que mejor define esta migración es el que propuso la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología en su 26th Annual Meeting (Roma, 2010), donde se recomendó usar "exilio reproductivo" pues, en la búsqueda de los derechos reproductivos que todos tenemos, muchos han de exiliarse para poder ejercerlos. Un exilio que es también un gesto de rebeldía frente a moralismos sociales que recortan derechos. De ahí que otros hayan propuesto hablar de desobediencia civil reproductiva.

Lo que ha sucedido en todas las épocas y por razones diversas. No olvidemos, por ejemplo, el desplazamiento reproductivo que realizaban muchas españolas (aunque no todas las que lo deseaban) viajando a Londres para interrumpir su embarazo en los años 70 y 80. Exilio que solo quienes poseían una cierta capacidad económica, y elementales conocimientos, podían permitirse.

En los últimos tiempos, sin embargo, la tendencia se ha invertido y ahora son muchas las personas que vienen a España en busca de salud reproductiva. El problema no es ya la interrupción voluntaria del embarazo, si no las técnicas de reproducción asistida.

En este campo, nuestro país es referencia internacional. Los datos aportados por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), referidos a 2014, muestran que somos líderes no solo por la calidad de los tratamientos realizados, si no también en otras cuestiones como el número de nacimientos gracias a tratamientos de fertilidad, las fecundaciones in vitro realizadas, 116.688, o las más de 40.000 inseminaciones artificiales. Esta condición de la medicina española ha sobrepasado fronteras y desde países más o menos cercanos, donde no están permitidas muchas de estas prácticas, se acude a España buscando ayuda para formar la propia familia. Según los datos de la SEF, un 8% (12.240) de los ciclos de FIV e inseminación de donante fueron realizados a pacientes de otras nacionalidades, muchos de ellos miembros del colectivo LGTB+. ¿Por qué? Porque muchos países, con leyes más restrictivas que la nuestra, impiden a sus ciudadanos y ciudadanas acceder a esos tratamientos y desarrollar sus derechos.

Las situaciones que tal migración ocasiona no son banales y abundan los estados que conculcan los derechos de familias y de menores nacidos gracias al concurso de la ciencia. Baste recordar que, hace unas semanas, un matrimonio de mujeres italianas lograba, por primera vez, inscribir a su hijo en el registro civil italiano constando ambas como madres. Por supuesto, no sin sufrir un largo calvario y librar una dura pelea judicial hasta ver reconocidos sus derechos. Ahora, en Italia, las parejas de lesbianas podrán inscribir a sus hijos como hijos de ambas… eso si, al igual Daniela y Marta, la pareja que ha logrado tan histórica inscripción, la inseminación o el método ROPA los tendrán que seguir realizando en España.

Nuestra ley de reproducción reconoce más derechos reproductivos que otras leyes, pero también obliga a miles de familias a emigrar; entre ellas a un alto porcentaje de la comunidad LGTB+. Las familias que precisan recurrir a la gestación por sustitución se ven abocadas al exilio en otros países. A menudo con un altísimo coste económico y emocional; a menudo corriendo riesgos para lograr lo que, a otros españoles, se les ofrece aquí sin traba alguna: el tratamiento para sus problemas reproductivos específicos. Y, como en la España de los años 70, las familias con más capacidad de respuesta y de reacción podrán buscar fuera la ayuda que necesitan, mientras otras quedarán varadas sin poder alcanzar su sueño. O, peor, escuchando cantos de sirena de quienes aprovechan desesperaciones ajenas.

El desarrollo de los derechos reproductivos –la consecución de la salud reproductiva que define la OMS–, no puede seguir ligado a estos desplazamientos sanitarios globales.

En nuestro país, en España, si lo que se persigue es una sociedad igualitaria y justa, no es aceptable continuar obligando al exilio reproductivo y generando dos categorías de españoles, con derechos diferentes, con diferentes privilegios.

La clase política española, con su negativa a regular la gestación por sustitución en España, es responsable del desplazamiento de miles de españoles. Y es, no lo olvidemos, responsable moral de los daños que, como consecuencia de su ceguera, se ocasionen a mujeres, menores y familias.

La política no puede ignorar por más tiempo que acabar con la emigración sanitaria, de todo tipo, es tarea de todos, pero que a ella compete crear un marco legislativo justo, ético y digno. Es tiempo de trabajar y regular la gestación por sustitución, señorías. Es el tiempo ya.

Pedro Fuentes es presidente de la asociación Son Nuestros Hijos.

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